Abogados y Periodistas analizan los límites del derecho a la libertad expresión.
Santo Domingo, R.D.- La Escuela de Comunicación y el Decanato de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebraron este jueves el diálogo académico “Ética y responsabilidad informativa en los medios de comunicación y en las redes sociales”, donde periodistas y abogados analizaron los límites al derecho de la libertad de expresión y los escenarios de difamación, que tienen especial incidencia en las redes sociales.
En este encuentro, los periodistas Juan Bolívar Díaz y Persio Maldonado Sánchez, y los abogados Esther Agelán y Cristóbal Rodríguez, concluyeron en la necesidad de lograr una Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, que tramite adecuadamente el derecho de la libertad de expresión. También contaron las dificultades que existen en el país para judicializar los casos de difamación que se generan desde medios tecnológicos como Youtube y X.
Durante el diálogo, impulsado también con apoyo de la Cátedra Unesco de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad, el periodista y diplomático Juan Bolívar Díaz abordó los desafíos que enfrenta la comunicación en la era digital, destacando la pérdida de control profesional sobre la información y el impacto de la difamación en las plataformas digitales. “El problema es que ahora, una gran parte de la comunicación no está en manos del profesional, sino de personas que se han incorporado detrás del éxito de la comunicación fácil y rápida”. En este contexto, dijo que la búsqueda del rating ha evolucionado hacia la criminalización sin límites, lo que ha afectado profundamente la ética en la comunicación.
El periodista compartió su experiencia en España, donde ha observado un deterioro en el debate público. “Ha sido verdaderamente impactante y penoso el nivel que tiene la diatriba en las redes y cómo se acaba con la imagen y la fama de profesionales, funcionarios y dirigentes políticos”, señaló. Díaz también alertó sobre la falta de consecuencias para quienes difaman en redes sociales, cuestionándose cómo reparar el daño causado a las víctimas. “No hay derecho a difamar ni a incumplir. Yo nunca enseñé a difamar ni a incumplir en la universidad. Yo enseñaba a buscar la verdad y eso es lo que tenemos que tener, y esa es la ética de la que yo soy”, enfatizó.
Durante su intervención, Persio Maldonado Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), resaltó el papel de la prensa en la preservación de los valores éticos del periodismo y la necesidad de una regulación adecuada en el entorno digital. En este sentido, señaló la complejidad de regular el ejercicio periodístico sin afectar la libertad de expresión. “La pretensión excesiva de querer meter preso a todo el que produzca un delito de palabra o contenido ha impedido que esa ley sea efectivamente aplicada”. Además, Maldonado subrayó que los medios tradicionales enfrentan un alto costo de imagen, debido a la proliferación de desinformación en redes sociales, y que uno de los mayores desafíos actuales es su sostenibilidad económica en el entorno digital.
La magistrada Esther Agelán explicó que la mayoría de casos de difamación e injuria se realiza a través de medios tecnológicos como las redes sociales, donde la evidencia se encuentra alojada en las prestadoras de servicios, “y en las sedes de esas prestadoras de servicios, pues no logramos la ayuda legal mutua para la obtención de las evidencias, para poder perseguir penalmente la difamación injuria en estos casos”, dijo y llamó a replantearse cómo en el país se podrá tutelar el derecho al honor cuando es violentado, a través de la difamación y desde estas plataformas.
Esther Agelán, exjueza de la Suprema Corte de Justicia, reconoció que la libertad de expresión es un pilar para la democracia y en los procesos judiciales. Sin embargo, tachó cómo la atención mediática de un proceso judicial tiene alta incidencia en la etapa inicial, y va perdiendo la atención, hasta culminar con una pequeña nota sobre la sentencia del tribunal. “Es importante que el sistema de justicia reconozca ese derecho fundamental, inalienable de la libertad de expresión, pero también que los medios de comunicación conozcan las reglas del debido proceso, porque su incidencia es muy grande”, dijo la magistrada.
El abogado constitucionalista, Cristóbal Rodríguez, hizo énfasis en la libertad de expresión como un derecho universal y constitucional, que tiene sus límites cuando trasgrede el derecho de otras personas y se suspende cuando el país está frente a un estado de conmoción interior y de emergencia. Asimismo, llamó a trabajar por lograr una Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, que tramite adecuadamente este derecho. “Debemos de cuidarnos del exceso de la restricción de la libertad de expresión, como del extremo de la no regulación, porque si uno nos conduce al autoritarismo, lo otro nos conduce al caos”, enfatizó el abogado.
A este evento asistieron docentes, estudiantes, periodistas y abogados, quienes se sumaron al análisis del escenario actual, en el que se ha hecho común la difamación de personalidades, incluidos periodistas de larga trayectoria, con noticias falsas por medio de las redes sociales.
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