Estudio revela que 73% de los agresores dominicanos contra las mujeres consideran que no son violentos.
El acto de lanzamiento, celebrado en el salón Ingeniero Mario Cabrera Morín, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), se enmarca en el proyecto “Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y protección eficaz a víctimas de violencia de género en la República Dominicana”, que desarrollan la Dirección contra la Violencia de Género y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El Centro de Intervención Conductual para Hombres y la Dirección contra la Violencia de Género, que dirige la procuradora fiscal Ana Andrea Villa Camacho, forman parte de la estructura con que cuenta el Ministerio Público para perseguir sanción contra los delitos de género e intrafamiliar, contribuir a la prevención de este mal, atendiendo a los factores vinculantes, y brindar asistencia efectiva a las mujeres sobrevivientes.
“Este estudio viene a darnos una señal de cómo andamos en la materia”, ponderó en su intervención la magistrada Villa Camacho. “No comprender el fenómeno de la violencia, no entenderlo y no saberlo, -como alguien me dijo en estos días- es sumamente peligroso. Por ende, requiere educarnos diariamente con el tema, investigar diariamente, reaprender cada día, debido a que la violencia contra las mujeres y las niñas es una lucha del día a día”, agregó.
En nombre de la UNPHU, la vicerrectora académica, Patricia Matos, resaltó la responsabilidad de la casa de estudios superiores en respaldar las investigaciones y propuestas que contribuyan a alcanzar la igualdad de género y a erradicar un mal que ha costado la vida a tantas mujeres, como es la violencia machista.
La “radiografía de los indicadores” surge de los datos registrados en el centro que dirige Vergés, donde son referidos los hombres sometidos a la justicia por denuncias de violencia de género o intrafamiliar y que ya ha acompañado a más de 40 mil usuarios en sus procesos de modelación conductual para la convivencia pacífica.
La metodología utilizada consistió en la realización de entrevistas a profundidad, así como la valoración descriptiva del riesgo y la peligrosidad, obtenidas mediante pruebas de entrevistas cara a cara y validación de testimonios de los imputados mediante el contraste con análisis de testimonios de las denunciantes, detalla el informe en su introducción.
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