Caso Jet Set será llevado a la Justicia de EE.UU.
Yosper, Santo Domingo, República Dominicana.- Con la firme intención de buscar justicia más allá de fronteras, la firma norteamericana Silva y Silva asumió la representación de más de 20 extranjeros afectados en la tragedia del Jet Set, aunque, de momento, han decidido reservarse el número exacto de clientes a su cargo.
Los abogados afirmaron que, a pesar de que el hecho ocurrió en República Dominicana, existen fundamentos sólidos para llevar el proceso ante tribunales estadounidenses, donde esperan lograr respuestas claras, compensaciones justas y cambios estructurales que prevengan futuros eventos similares.
Al evocar casos pasados como el derrumbe de Champlain Towers, los juristas recordaron cómo la falta de mantenimiento y el incumplimiento de normativas desencadenaron tragedias evitables, advirtiendo que el panorama detectado en el Jet Set exhibe fallas que requieren atención inmediata.
Por ello, anunciaron que trabajarán de manera conjunta con peritos internacionales y nacionales, fortaleciendo el cuerpo probatorio que sustentará sus demandas.
El equipo legal subrayó que los propietarios del establecimiento son ciudadanos estadounidenses y que la discoteca está registrada como marca en Nueva York, lo que refuerza la competencia de las cortes norteamericanas en este proceso, además de las investigaciones en curso que revelan otras conexiones jurídicas relevantes.
De forma paralela, Silva y Silva adelantó que presentarán demandas en la República Dominicana, orientadas a incluir tanto al propietario como a organismos estatales encargados de regular actividades comerciales y edilicias, cuya omisión, a juicio de los abogados, pudo haber contribuido al desenlace del evento.
En el ámbito penal, existe la posibilidad de que gerentes y accionistas enfrenten cargos basados en el artículo 319 del Código Penal dominicano, con sanciones previstas de seis meses a dos años de prisión.
Mientras tanto, los juristas sostienen que el Estado dominicano debería considerar indemnizar a las víctimas más vulnerables de manera expedita, a fin de evitar prolongar su sufrimiento en procesos judiciales complejos y extensos.
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