Partidos enfrentarán unidos sentencia del Tribunal Constitucional.
Tomado de El Nacional.
Santo Domingo.-El delegado político del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Junta Central Electoral (JCE) dijo el sábado que los partidos políticos asumirán una posición conjunta frente a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dispone el registro de las candidaturas independientes para las próximas elecciones ya que esa decisión atenta contra el sistema de partidos.
El abogado Sigmund Freund Mena sostuvo que han estado en conversaciones con los demás partidos, los principales de la oposición y con la Junta Central Electoral (JCE) y que tomarán acciones en los próximos días de manera conjunta siempre respetando la decisión del TC.
“Hay una posición unificada de todos los partidos que hemos conversado en cuanto a la preocupación que tienen con esa decisión”, precisó el también ministro de la Administración Pública.
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Dijo que permitir las candidaturas independientes, sin una mínima regulación, es preocupante, por lo que el Congreso Nacional y la JCE deben intervenir para su regulación.
Tribunal Constitucional
El TC declaró no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y estableció una nueva modalidad para la presentación espontánea y sin ningún requisito previo de candidaturas presidenciales, congresuales y municipales de manera independiente.
El Constitucional presenta una nueva redacción del artículo 156 de la normativa que está en vigencia desde el 17 de febrero de 2023, para que sean conformes con los preceptos de la Carta Magna.
Ahora esa disposición pasará a leerse y podrán ser propuestas candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional, que surjan a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos en ocasión a los procesos electorales.
El TC dispuso que las agrupaciones cívicas o sociales serán de naturaleza espontánea y sin ningún requisito previo de inscripción.
El abogado Sigmund Freund Mena sostuvo que han estado en conversaciones con los demás partidos, los principales de la oposición y con la Junta Central Electoral (JCE) y que tomarán acciones en los próximos días de manera conjunta siempre respetando la decisión del TC.
Sigmund Freund. / Archivo
Sostuvo los partidos políticos están bastante regulados por la Constitución de la República y la Ley de Partidos.
Dijo que la decisión del TC interfiere con la potestad del Poder Legislativo y que “eso es peligroso”.
Dijo que los partidos políticos están consagrados en la propia Constitución y que el artículo 216 precisa que son los vehículos de representación de la ciudadanía para fines de alcanzar posiciones electivas electorales.
Mientras que el vicepresidente del PRM, Eddy Olivares sostiene que la sentencia del TC conduce a una legislación completamente flexible y carente de rigurosidad en cuanto a los requisitos de los candidatos independientes a cargos de elección popular, los cuales son necesarios para garantizar su seriedad y viabilidad.
En lugar de candidato independiente, la denominación correcta debería ser candidato para una elección, como muy bien lo define la Enciclopedia Electoral ACE.
“¿De quién es independiente el candidato que decide participar en unas elecciones al margen de un partido político? Por supuesto, de los partidos políticos. Parece una respuesta lógica. Sin embargo, se trata, sencillamente, de un candidato que ha hecho uso de su derecho a registrarse conforme a uno de los mecanismos consagrados en la ley”.
El cambio registrado en el párrafo uno del artículo 156 consigna que: “las citadas agrupaciones cívicas o sociales que propongan sustentar las candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional, deberán declararlo previamente a la Junta Central Electoral, cuando menos setenta y cinco (75) días antes de cada elección”.
La nueva forma de redacción y lectura del artículo 157, dispuesta por el TC habla de los requisitos para candidaturas presidenciales independientes.
“Para sustentar candidatura independiente para la Presidencia de la República, se requiere presentar ante la Junta Central Electoral, una organización directiva y un programa de gobierno definido para el período en que hayan de presentarse”, agrega la sentencia TC/0788/2024.
El párrafo uno de esa disposición contempla que las candidaturas para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por las señaladas agrupaciones cívicas y sociales, pero limitada a la demarcación electoral respectiva y al nivel de elección que corresponda.
El abogado Sigmund Freund Mena sostuvo que han estado en conversaciones con los demás partidos, los principales de la oposición y con la Junta Central Electoral (JCE) y que tomarán acciones en los próximos días de manera conjunta siempre respetando la decisión del TC.
Eddy Olivares, vicepresidente del PRM./ Archivo
El siguiente indica que las candidaturas para cargos de elección popular en los municipios deberán presentar a la JCE una organización municipal completa y un programa a cumplir durante el período a que aspiren los candidatos.
El TC dispone que el párrafo tres diga que serán aplicables a las candidaturas independientes señaladas en este artículo, las disposiciones que establece esta Ley Orgánica del Régimen Electoral y la de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en lo que se refiere a los requisitos de porcentaje del padrón electoral aplicable a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos.
Un apunte
Decisión criticada
La decisión generó criticas de los actores del sistema político que tuvo los votos disidentes, emitidos por los jueces José Alejandro Vargas y Army Ferreira, esta última considera que el Tribunal excedió sus competencias y los precedentes constitucionales, al incorporar a la regulación orgánica de las candidaturas electorales independientes elementos extraordinarios, en la forma de las agrupaciones cívicas y sociales de naturaleza espontánea. El magistrado Vargas afirmó que el TC asumió «la posición de un legislador proactivo al crear, vía control constitucional.
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